24 jul 2014

JURISDICCION TERRITORIAL COMPETENTE PARA RECLAMAR UNA HERENCIA:

JURISDICCION TERRITORIAL COMPETENTE PARA RECLAMAR UNA HERENCIA: 1º) No se aplica la regla general del domicilio del demandado, sino que el artículo 52.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que: “En los juicios sobre cuestiones hereditarias, será competente el Tribunal del lugar en que el finado tuvo su último domicilio y si lo hubiere tenido en país extranjero, el del lugar de su último domicilio en España, o donde estuviere la mayor parte de sus bienes, a elección del demandante”. Dicha disposición procesal es consecuente con lo establecido en el artículo 22.3 de la LOPJ, que establece que en el orden civil, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: "en materia de sucesiones, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España". 2º) El artículo 54 de la LEC establece el carácter dispositivo de las normas reguladoras de la competencia territorial. Pero no lo hace de forma general sino que establece una serie de excepciones respecto de las cuales no puede existir sumisión ni expresa ni tácita de las partes a un determinado juzgado, sino que por encima de la voluntad estas, se impone la de la norma procesal, que ha querido predeterminar el tribunal competente por razón del territorio en determinadas materias. Entre estas se encuentra el fuero relativo a las cuestiones hereditarias, previsto en el artículo 52.1.4º. En estos supuestos la LEC prevé que el tribunal competente sea el del lugar donde el causante de la sucesión tuvo su último domicilio. 3º) Forma de plantearlas en el procedimiento: Desde las sentencias del Tribunal Supremo de 5 Feb. 1994 y 22 de mayo de 1995 la jurisprudencia mantiene que la falta de competencia territorial ha dejado de encontrar su amparo dentro de las excepciones dilatorias del art. 533 LEC, y por tanto sólo puede ser aducida o planteada por vía de inhibitoria o de declinatoria, debiendo en este último caso sustanciarse y resolverse por el trámite de los incidentes y plantearse con carácter previo, único e independiente de toda otra cuestión, pues si se plantea en el mismo escrito de contestación a la demanda para ser resuelta en la sentencia definitiva, ello supone una verdadera sumisión tácita al propio Juzgado ante el que se formuló. Cabe que el Juzgado o Tribunal aprecie de oficie la falta de competencia territorial. Sucede que la voluntad del Legislador, en el sentido que la determinación del tribunal competente por razón del territorio quede por completo ajena a la sumisión de las partes, es clara en no pocos casos, entre los que se encuentran los casos de derecho sucesorio. Como consecuencia de ello se prevé la apreciación de oficio en tales supuestos de la incompetencia territorial (artículo 58 de la LEC). Por tanto, que las partes hayan creído en su momento, por motivos jurídicos o simplemente de conveniencia, que los juzgados ante los que se presentó la demanda eran los competentes territorialmente, y que tampoco haya dicho nada al respecto la juzgadora de primera instancia, no puede ocultar la obligación del tribunal de apelación de apreciar la falta de competencia territorial, caso que entienda, que la misma no corresponde a dichos órganos judiciales, sin que deba asumir una competencia que según su criterio contraviene frontalmente un fuero territorial imperativo. Lo que pretende evitar la norma es que la discusión acerca de la competencia territorial se eternice, como sucedía bajo el imperio de la antigua LEC. De esta forma, lo que prevé es que se discuta una sola vez, y como consecuencia de ello contempla, por una parte, que contra los autos -que resuelvan la competencia territorial no quepa recurso alguno (artículo 67.1 de la LEC y, de otro, que determinada la competencia territorial por un tribunal con audiencia de las partes, aquel a quien se remitan las actuaciones deberá estar a lo decidido, sin que pueda plantear de nuevo su falta de competencia por razón del territorio (artículo 60.1 de la LEC). 4º) El fuero territorial que establece el artículo 52.1.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a favor del último domicilio del finado, es de los no sujetos a disposición de las partes por disposición expresa del artículo 54.1 del mismo cuerpo legal que expresamente le atribuye, entre otros, al indicado fuero carácter imperativo, lo que excluye que se pueda hablar aquí de una posible sumisión tácita. Ello determina que la regla del artículo 59 a propósito de la apreciación de la falta de competencia territorial solo cuando se plantee en tiempo y forma declinatoria, no es de aplicación aquí, lo que es aplicable a la cita del artículo 64.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil a propósito de la preclusión del planteamiento de aquélla. Es evidente que, aun planteada en el acto del verbal convocado para la discusión sobre la inclusión o exclusión de determinados bienes en el haber relicto, no puede hablarse de extemporaneidad, entre otras razones por tratarse de norma imperativa y apreciable de oficio, y ello aun cuando haya pasado el asunto el filtro que al efecto dispone el artículo 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al admitir a trámite el asunto, cuando con posterioridad se le aportan datos que no tenía a su disposición en ese fase. 5º) La sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 12-3-1977, nº 108/1977, resolvió que suscitada la cuestión de competencia por inhibitoria y no habiendo existido sumisión expresa ni tácita de las partes, de acuerdo con lo establecido en la regla primera del artículo 62 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habrá de estarse al lugar de cumplimiento de la obligación, habida cuenta que la acción ejercitada es personal, pues lo que se pide en el suplico de la demanda inicial es que se declare que determinados bienes forman parte del caudal relicto de la herencia de que se trata y que se otorgue la pertinente escritura de complemento de la partición en su día efectuada, lo que tuvo lugar en la localidad de Montoro, que fue donde comenzó a cumplirse la obligación cuyo indicado complemento ahora se pretende y a cuyos Juzgados y Tribunales, concretamente al de Primera Instancia número 2 de los de Córdoba, es preciso atribuir la competencia discutida según lo dictaminado por el Ministerio Fiscal- al que consiguientemente y a tenor de lo preceptuado en el artículo 109 de la misma Ley procesal deberá remitirse el pleito y las actuaciones con la certificación de la sentencia. www.gonzaleztorresabogados.com

12 may 2014

LA RESERVA HEREDITARIA DEL ARTÍCULO 811 DEL CODIGO CIVIL REQUISITOS Y LIMITES LAS RESERVAS HEREDITARIAS del articulo 811 del Código Civil: 1º) El ARTÍCULO 811 del Código Civil establece que: “El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiese adquirido por título lucrativo de otro ascendiente, o de un hermano, se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley (herencia intestada) en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de donde los bienes proceden”. El artículo 811 del Código Civil se trata de un precepto excepcional que pretende incorporar a nuestro Código Civil una institución extraña al sistema sucesorio del Derecho Común, que ha suscitado largas polémicas en la doctrina científica y respecto de cuya interpretación existe una vacilante y, en ocasiones contradictoria doctrina jurisprudencial, como expresamente reconoce la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1991. Es verdad que existe un cierto grado de unanimidad en admitir que la reserva del art. 811 DEL cc no se basa en un verdadero principio de troncalidad y constituye tan sólo un beneficio otorgado por consideraciones familiares a favor de determinados parientes, por lo que no es preciso indagar la procedencia de los bienes incluidos en la reserva más allá de la persona de quien los hereda el descendiente obligado a reservar (SS.T.S. de 30-XII-1997, 8-X-1909, 22-2-1986 y 23-3-1992 entre otras). Se reconoce también generalmente, que el citado precepto establece un orden específico de sucesión con respecto a determinados bienes, distinto de la sucesión forzosa o legítima, pero con la que tiene que ser compatible. Según el tenor literal del art. 811 del CC los bienes reservables, a la muerte del reservista, no pueden salir de la línea de la que proceden. Pero esta es la única restricción a la libertad de testar impuesta por el citado artículo. Tal norma, como precepto singular y limitador de la libertad, no es lícito interpretarla extensivamente (SS.T.S. de 1-VII-1965, 1-2-1957, 2-3-1959, y 17-VI-1967 y 21-X-1991). 2º) REQUISITOSi>: En el artículo 811 del Código Civil se establece la reserva lineal, a favor de determinados parientes, siendo aplicable si se dan las tres transmisiones concatenadas previstas en el precepto: 1º.- La transmisión por título lucrativo de determinados bienes efectuada de ascendiente a descendiente o de un hermano a otro. 2º.- La transmisión por ministerio de la ley, de los bienes adquiridos, en las condiciones y título expresados, que en concepto de herencia pasan desde el descendiente o hermano del primitivo "de cuius", a un ascendiente de aquéllos. 3º.- La transmisión al fallecimiento del reservista, de los bienes que tengan la condición de reservables, a los parientes que la ley señala, como son precisamente unos sobrinos (tercer grado), de la fallecida. Y si se cumplen esos requisitos cabe una reclamación de los actores reservativos frente a los poseedores de los bienes, como herederos legítimos de la reservista. <b> 3º) NO EXISTE DERECHO A UNA DISTRIBUCION IGUALITARIA DE LOS BIENES SI HAY PLURALIDAD DE RESERVATARIOS: Uno de los numerosos problemas que plantea la aplicación del art. 811 del CC es el de decidir si el reservista viene obligado a una distribución igualitaria de los bienes reservables en el supuesto de existir una pluralidad de reservatarios. La citada sentencia de 21 de octubre de 1991, separándose del criterio que habían mantenido las de 8-VI-1954 y 5-XII-1958, y siguiendo el anteriormente adoptado en las 4-1-1911 y 25-3-1933, da una respuesta negativa a la aludida cuestión, con importantes argumentos. Debe prevalecer al respecto a la libertad de testar cuando al hacer uso de ella no se rebasen los límites de la norma prohibitiva. La obligación de reservar los bienes adquiridos por ministerio de la ley de un descendiente, en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan a la línea de procedencia, establecida en el art. 811 del Código Civil, debe entenderse como prohibición de disponer de dichos bienes en favor de personas extrañas, de que puedan pasar a manos de parientes distintos de los reservatorios, pero no impone una distribución igualitaria entre estos. 4º) La "ratio" de este precepto, singular y excepcional, no es otra que la de evitar que, por el azar de la muerte prematura del padre o de la madre y de alguno de los hijos, se desvien de la línea de procedencia determinados bienes heredados por ministerio de la ley por un ascendiente, de un descendiente que, a su vez, los hubiera adquirido a título gratuito de otro ascendiente o de un hermano. 5º) >REQUISITO DEL PARENTESCO: Comenzando por el requisito del parentesco dentro del tercer grado, la Jurisprudencia del TS es unánime en el sentido de que el grado de parentesco ha de contarse a partir del descendiente fallecido (SSTS de 16-12-1892 por citar la más antigua). Una sentencia de la AP de Oviedo de fecha 10 de diciembre de 1988, realizó una interpretación del art. 811 del Código Civil según la cual el derecho a la reserva de bienes establecido en este precepto sería intransmisible en favor de personas que no fueran parientes de tercer grado y pertenecieran a la línea de donde los bienes procedan, cuando su causante (reservatario) no hubiese reclamado previamente los bienes. Dicha sentencia citó, en apoyo de su tesis, doctrina jurisprudencial anterior al año 1930 y la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de febrero de 1969 y entendió que "de otro modo no se atendería a la naturaleza de la reserva, inspirada en la troncalidad y en que los bienes no salgan de la línea de la que procedan". Sin embargo, dicha sentencia fue casada por la del TS de 9 de enero de 1991 según la cual, "Ya las Sentencias de esta Sala de 14 de junio de 1945 y 8 de junio de 1954, la primera de las cuales es citada por el Tribunal a quo aunque no siga su criterio, se separaron de la doctrina antigua, en la que incluso la Sentencia de 2 de enero de 1929 había introducido alguna matización, y, en definitiva, ha sido la Sentencia de 21 de diciembre de 1989 la que ha consolidado la doctrina de que el derecho de reserva se actúa automáticamente, una vez fallecido el reservista, en favor de los reservatarios que son determinados en ese preciso momento. Siendo así. la consecuencia no puede ser otra que reconocer que, incorporados los bienes reservados al patrimonio del reservatario, éstos se transmiten a sus herederos siguiendo las reglas ordinarias de la sucesión, sin que ello implique desvirtuación alguna del sentido troncal de la reserva del art. 811, toda vez que la misma se respeta hasta el límite parental del tercer grado, que es su extensión legal, y resulta indiferente, a efectos de la reserva hereditaria, a qué personas transmita libremente los bienes que los adquirió en virtud de aquélla." 6º) En el supuesto de que primero hubiera fallecido la reservista y después la reservataria aunque esta no hubiera reclamado su derecho, es un supuesto en que la Jurisprudencia del TS si admite el derecho de los herederos de la reservataria aunque ya no sean parientes dentro del tercer grado, pudiendo ser incluso herederos testamentarios ajenos por completo a la familia. 7º) ORIGEN DE LOS BIENES: Como resolvió la sentencia del la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 4ª, S 23-2-2000, nº 85/2000, que, no basándose el art. 811 en un verdadero principio de troncalidad y constituyendo sólo un beneficio otorgado por consideraciones familiares en favor de determinados parientes, no es preciso indagar la procedencia de los bienes incluidos en la reserva más allá de la persona de quien los hereda el descendiente obligado a reservar, debiendo prevalecer la libertad de testar siempre que no se rebasen los límites de la norma prohibitiva, y en el caso enjuiciado, con la disposición testamentaria ordenada por la reservista a favor de su única hija, no se desvían los bienes heredados por la testadora de su hijo prefallecido de la línea de procedencia, transmitiéndose a la hija común, heredera forzosa que tiene además la condición de reservataria como hija del originario causante de la herencia. 8º) La reserva lineal del artículo 811 del Código Civil, no pierde su aplicabilidad y eficacia por la circunstancia de que sus beneficiarlos reúnan, además de esta cualidad, la de hijos comunes del matrimonio compuesto por el reservista y la persona de quien los bienes procedan, tanto porque el sentido gramatical del precepto no autoriza otra interpretación sin vulnerar el principio general de derecho:"Lex non ornittit, in caute, sed quia dictum noluit" como porque, si la finalidad que movió el legislador a introducir está, figura jurídica en nuestro ordenamiento positivo, consistió en el deseo de evitar que determinados bienes pasen de una familia a otra por causas ajenas a la voluntad de sus titulares, cuando en la primera existieran parientes comprendidos dentro del grado que la Ley señala (sentencias de 29 de octubre de 1907, 19 de noviembre de 1910 y 26 de noviembre de 1943), tal resultado no se lograría con la sustitución de esta reserva por la legítima establecida por el articulo 808 de dicho Cuerpo Legal, a favor de los descendientes legítimos, por no coincidir la cuantía de los bienes sujetos a una y otra y ser distinta su procedencia y forma de hacerlos efectivos, y porque la facultad de disponer del tercio del caudal relicto, concedida al causante en el último caso y la posibilidad de que éste utilice el derecho a que se refieren los artículos 848, 849, 852, 853 y concordantes del mencionado Código, no sólo podría frustrar la "ratio legis" que inspiró la inclusión en nuestro vigente Derecho del artículo 811 del CC, sino que convertiría en pleno propietario sobre todo o parte del objeto de la reserva a quien sólo goza de un dominio sujeto a condición resolutoria después dé cumplida ésta, conclusión que por absurda debe ser rechazada, como se proclamó en las sentencias de esta Sala de 10 de noviembre de 1953, 8 de junio de 1954, 30 de mayo de 1956, 14 de diciembre de 1957 y 5 de diciembre de 1958 que, siguiendo la pauta marcada por la de 8 de octubre de 1930, modificaron el criterio mantenido por las de 4 de enero de 1911 y 25 de marzo de 1933. Sin que a ello obste la prohibición contenida en el segundo párrafo del artículo 813, referente a los gravámenes impuestos a las legítimas por el testador, y no por disposiciones legales, ni la interpretación restrictiva que debe darse a esta reserva, según sentencias de 7 de noviembre de 1912, 6 de julio de 1916, 20 de abril de 1917, 7 de noviembre de 1927, 1 de febrero de 1957 y 29 de octubre de 1968, porque semejante regla de hermenéutica no permite sustraer de su ámbito situaciones claramente comprendidas en el precepto, lo que unido a, que la reserva del artículo 811 es completamente distinta de la del 968, y a que las sentencias antes citadas de 4 de enero de 1911 y 25 de marzo de 1933, no autorizaron en forma alguna al reservista a enajenar libremente los bienes indicados. 9º) UNA PERSONA VINCULADA POR EL ARTICULO 811 DEL CC NO PUEDE DISPONER MORTIS CAUSA DE ESOS BIENES MEJORANDO A UN RESERVATARIO SOBRE OTRO: La sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, sec. 2ª, S 18-5-2000, nº 113/2000, rec. 71/2000 declaró nulas las disposiciones testamentarias del reservista que supusieran una distribución en distinta proporción extensivamente, pues no cabe tratar de llenar su silencio acudiendo a otras instituciones, cuando por ese cauce se obtiene el incremento de la restricción de la libertad de testar. No cabe la posibilidad legal de que una persona vinculada por la reserva que establece el art. 811 del Código Civil puede disponer mortis causa de esos bienes mejorando a un reservatorio sobre otro. Para defender la imposibilidad de esta disposición mortis causa, cuestión netamente jurídica y jurisprudencial, existen varias sentencias del Tribunal Supremo que efectivamente apuestan por la no facultad de una distribución entre los reservatarios de los bienes objeto de reserva distinta de la distribución por partes iguales entre esos reservatarios. A título de ejemplo citaremos las sentencias de 8 de octubre de 1.930 y 8-4-31, sin embargo el mismo Tribunal Supremo rectificó este criterio, y refiriéndose expresamente a la sentencia de 1.930 que acabamos de citar, mantiene un cambio de postura de jurisprudencia admitiendo expresamente la posibilidad de que el reservista mejore a un reservatorio sobre otro, sentencia de 25 de marzo de 1.933, pero el "baile" de interpretaciones jurisprudenciales no había terminado, posterior a esta fecha y en sentencia de 8 de junio de 1.954 el Tribunal Supremo vuelve a desdecirse de su postura y retoma el criterio anterior de imposibilidad de disposición mortis causa sobre los bienes reservables, postura que continúa en sentencias que también cita el Juez de Instancia (5-12-58, 27-2-71, y 4-6-87), sentencias que cita y en las que se apoya la parte apelante para basar su recurso. Ahora bien, la doctrina del TS ha encontrado un nuevo enfoque a partir de la sentencia de 21 de octubre de 1.991, donde refiriéndose expresamente a la postura jurisprudencial anterior, desecha uno por uno los argumentos que se contenían en la misma para declarar nulas las disposiciones testamentarias del reservista que supusieran una distribución en distinta proporción entre los reservatarios, y así interesamos destacar que el art. 811 del Código Civil como precepto singular y limitador de libertad no es lícito interpretarlo extensivamente (STS 2-3-59, 17-6-67 y 1-7-55), ni tratar de llenar su silencio acudiendo a otras instituciones, cuando por ese cauce lo que se obtiene es el incremento de la restricción de la libertad de testar (fundamentación básica de la postura mantenida en la sentencia 8-6-54, séptimo considerando, que establece que aunque existiesen lagunas, habría que suplirse con normas acordes con el principio que informa la reserva, y no con reglas de otra institución excepcional o singular, no susceptibles de aplicación extensiva por analogía. Pero es que aún tiene esta sentencia de 1.991 un último razonamiento, y es la acomodación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a la sociedad vigente, diciendo el Alto Tribunal que ese criterio anterior no parece aconsejable mantenerlo por cuanto hoy debe prevalecer el respeto a la libertad, y cuando al hacer uso de ella no se rebasen los límites de los preceptos prohibitivos, no cabe hablar de la nulidad contemplada en el art. 6.3 del C. Civil, sin que tampoco el art. 4.2 de ese texto abone la tesis de la nulidad, porque las disposiciones excepcionales no deben aplicarse a supuestos no contemplados expresamente en ellas, y la imposibilidad de disposición mortis causa que implica el art. 811 del Código Civil debe entenderse como imposibilidad de disposición a favor de parientes distintos de los reservatarios. www.gonzaleztorresabogados.com -- Publicado por Blogger para Gonzalez Torres Abogados SL el 5/11/2014 03:22:00 p. m.

2 sept 2013

LA RESERVA ORDINARIA Y LA LINEAL PARA PROTEGER A LOS HIJOS DEL PRIMER MATRIMONIO DEL CAUSANTE

La reserva ordinaria es la "limitación a la facultad de disponer impuesta al cónyuge bínubo, con la finalidad de proteger los intereses de los hijos y descendientes del primer matrimonio, en relación con los bienes procedentes gratuitamente de su progenitor fallecido, frente a la posible presencia de otros hijos nacidos de las segundas nupcias”. Dice el artículo 968 del Código Civil que: “Además de la reserva impuesta en el art. 811, el viudo o viuda que pase a segundo matrimonio estará obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la propiedad de todos los bienes que haya adquirido de su difunto consorte por testamento, por sucesión intestada, donación u otro cualquier título lucrativo; pero no su mitad de gananciales”. Para el TS la reserva ordinaria prevalece sobre la lineal, por lo que, en el supuesto en el que una hija del segundo matrimonio del causante recibe como legado el bien que éste había recibido de un hijo de su primer matrimonio, existe una reserva ordinaria que implica que el bien litigioso debe permanecer en la línea de la que procede, por lo que se debe declarar la nulidad del legado ya que vulnera el derecho de reserva de las hijas del primer matrimonio del causante sobre dicho bien. La sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª, de 5-6-2008, nº 534/2008, rec. 647/2001, resuelve que en caso de colisión de ambas reservas (la reserva ordinaria y la lineal) en la persona de un mismo reservista y respecto de unos mismos bienes, con distintos reservatarios, ha de prevalecer la reserva tradicional, ordinaria o vidual de los artículos 968 y ss. del Código Civil sobre la reserva lineal del artículo 811, como ya reconocieron las antiguas sentencias del TS de 4 de enero de 1911 y 21 de enero de 1922, según las cuales, si quedan hijos o descendientes del primer matrimonio del ascendiente reservista, se desvanece o queda inoperante la otra reserva que pudieran pretender los parientes del tercer grado. Ello no sólo porque la reserva ordinaria se establece a favor de parientes que se sitúan en la misma línea y en el grado más próximo de los posibles -hijos del matrimonio anterior-, sino también porque dicha reserva ordinaria es tradicional en nuestro derecho histórico mientras que la lineal se incorporó por primera vez al Código Civil, siendo así que la expresión que encabeza el artículo 968 en el sentido de que "además de la reserva impuesta en el artículo 811, el viudo o viuda..." no ha de entenderse en el sentido de marcar una relación de subsidiariedad de la reserva ordinaria respecto de la lineal o troncal, sino que responde únicamente al hecho de que, sistemáticamente, la regulación de la lineal precede en el código a las normas propias de la ordinaria. Cuando nos situamos en el ámbito de la reserva ordinaria resulta indiferente la procedencia de los bienes que el causante del reservista transmite a éste, bastando para que nazca el derecho a reserva el hecho de que se produzca la transmisión por título lucrativo, lo que opera a partir de la presunción de que el transmitente no habría querido que tales bienes pasaran en ningún caso a la nueva línea creada por un posterior matrimonio.